En el sur de Quito, la escasez de agua ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a más de 400.000 personas. La situación, considerada la más grave de las últimas dos décadas, se originó tras un deslizamiento de tierra en el páramo del Antisana, que dañó gravemente la infraestructura de distribución del recurso. Este evento natural ha dejado a seis zonas de la ciudad sin acceso regular a agua potable, obligando a los residentes a sobrevivir con repartos esporádicos y a recurrir a fuentes no potabilizadas.
Mientras las autoridades locales y nacionales debaten responsabilidades, los ciudadanos enfrentan una realidad marcada por largas filas, recipientes improvisados y una incertidumbre creciente sobre cuándo volverá la normalidad.
Sobrellevando la falta de agua: la rutina diaria en Chillogallo
En el barrio de Chillogallo, al sur de la capital ecuatoriana, la espera por agua se ha convertido en parte de la rutina. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la vereda con un balde vacío esperando el paso de un camión cisterna, conocidos como tanqueros. Como ella, decenas de vecinos cargan botellas, ollas y hasta tachos de basura para intentar recolectar el líquido vital.
Una gran cantidad de personas afectadas son ancianos que carecen de la energía necesaria para llevar el agua hasta sus residencias. “Estamos aquí en este frío desde temprano, sintiendo hambre. No contamos con agua ni siquiera para bañarnos”, comenta Erselinda Guilca, una pensionada notablemente fatigada. Las condiciones de espera, junto con la incertidumbre sobre la hora en que arribarán los camiones cisterna, han intensificado el descontento de la comunidad.
Medidas insuficientes y protestas ciudadanas
El Municipio de Quito ha implementado 71 camiones cisterna, cinco hidrantes móviles y varios sitios de distribución permanentes, aunque estos medios han sido insuficientes para satisfacer la demanda. La distribución inconsistente y la limitada capacidad logística han generado protestas en varios barrios. En Nueva Aurora, vecinos angustiados han recurrido a una fuente natural no tratada para obtener agua, enfrentándose a posibles riesgos de salud.
Dado que no hay vehículos apropiados, ciertos ciudadanos optan por rentar carretillas, vehículos improvisados o incluso usan bolsas de basura para transportar el agua. Tomás Chiguano, un albañil impactado por la crisis, menciona que su labor también ha sido detenida, ya que no hay agua para combinar materiales esenciales como cemento y arena.
Costos adicionales en medio del desabastecimiento
El impacto económico también ha sido una constante. Los residentes denuncian que deben pagar entre 2 y 5 dólares por transporte para poder acceder a los puntos de distribución. María Tipán, habitante de la zona, realiza hasta ocho viajes diarios para abastecerse. “No tenemos ni para lavar la ropita. Tengo nietitos que ensucian. Está saliendo muy cara el agua y nos cobrarán la plantilla completa de agua”, se lamenta.
Este costo extra golpea especialmente a las familias de bajos recursos, que deben elegir entre destinar dinero al agua o a otras necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
Declaraciones oficiales y conflictos institucionales
El manejo de la crisis ha expuesto importantes divisiones entre las autoridades locales y las nacionales. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, asegura que más de 500 individuos están laborando en el área afectada para reanudar el servicio, el Gobierno central ha criticado la carencia de coordinación y claridad en la respuesta de la administración municipal.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, fue designada para coordinar la asistencia en las zonas afectadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) anunció la instalación de plantas potabilizadoras móviles en varios puntos estratégicos, con el apoyo de la Cruz Roja. Sin embargo, la ministra de Energía y presidenta del COE, Inés Manzano, criticó duramente al Municipio por no presentar un plan de acción técnico ni establecer una comunicación efectiva.
Por su parte, el alcalde Muñoz denunció la ausencia de funcionarios del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y pidió una mayor colaboración institucional para superar la crisis.
Camino a la recuperación
Aunque las autoridades esperan restablecer el servicio de forma parcial en los próximos días, el daño estructural en la tubería principal ha retrasado las labores de reparación. Según el Municipio, ya se ha removido el 77% de la tierra acumulada en la zona del deslave, lo que permitiría comenzar con las pruebas de funcionamiento de la red en breve.
Mientras tanto, unidades de emergencia de otros cantones y provincias han comenzado a sumarse a las tareas de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha coordinado el envío de más tanqueros para apoyar en la atención a los barrios más afectados.
La crisis en Quito destaca no solo la fragilidad de las instalaciones de agua frente a eventos naturales, sino también la urgencia de tener una organización conjunta, efectiva y solidaria entre los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, la ciudadanía sigue soportando y ajustándose, mientras aguarda que el suministro de agua se restablezca normalmente.
