Desde marzo de 2025, las compañías en España han comenzado a realizar deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los sueldos de los empleados que ganan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este ajuste ocurre tras el aumento del SMI a 16.576 euros por año en 14 mensualidades (1.184 euros al mes), aprobado a mediados de febrero con efecto retroactivo desde enero. Diferente a incrementos previos, esta subida no fue acompañada de una actualización del mínimo exento de IRPF, que sigue siendo de 15.876 euros anuales, lo que significa que, por primera vez, quienes reciben el SMI están sujetos a deducciones impositivas.
A partir de marzo de 2025, las empresas en España han comenzado a aplicar retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las nóminas de los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este cambio se produce tras el incremento del SMI a 16.576 euros anuales en 14 pagas (1.184 euros mensuales), aprobado a mediados de febrero con carácter retroactivo desde enero. A diferencia de aumentos anteriores, esta subida no vino acompañada de una actualización del mínimo exento de IRPF, que permanece en 15.876 euros anuales, lo que implica que, por primera vez, quienes perciben el SMI están sujetos a retenciones fiscales.
Aplicación de las retenciones
Después de que el nuevo SMI fue anunciado en el Boletín Oficial del Estado, las empresas han modificado las nóminas para incluir las nuevas retenciones. Aunque algunas no pudieron realizar los cambios en febrero, la mayoría ha comenzado a implementarlos en marzo. Estas retenciones son más elevadas de lo habitual para compensar las que no se efectuaron en enero y febrero.
Consecuencias para los trabajadores
El aumento del SMI ha favorecido a alrededor de 2,5 millones de trabajadores en España. No obstante, dado que la mayoría puede aprovechar las deducciones incluidas en el impuesto según sus circunstancias personales y familiares, las retenciones impactan solo al 20% de los beneficiarios, es decir, unos 540.000 contribuyentes que son solteros y sin hijos. En estos casos, han comenzado a tributar por los 700 euros que exceden el mínimo exento actual respecto a la nueva base salarial.
Para estos trabajadores, la retención anual ronda los 300 euros, correspondiendo a un tipo de retención del 1,81%. Esto resulta en una deducción aproximada de 21 euros en cada una de las 14 pagas. Aunque la cifra puede parecer mínima, representa que el IRPF consumirá el 42% del incremento salarial.
En situaciones distintas, como la de un empleado con pareja y un hijo menor de 3 años, no se aplicarán retenciones de IRPF debido a las ventajas fiscales otorgadas a familias con hijos pequeños. Para un trabajador con pareja y un hijo mayor de 3 años, la retención será menor, aproximadamente 99,46 euros anuales, lo que corresponde a un tipo del 0,6%.
Discusión política y social
La implementación del IRPF a los sueldos más bajos ha provocado divisiones internas en el Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo no estar al tanto de que el aumento del SMI conllevaba esta novedad hasta que fue difundida por los medios, una afirmación que ha sido negada por la parte socialista del Ejecutivo. A su vez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Díaz de incurrir en discursos populistas al abogar por que las rentas más bajas estén exentas del impuesto.
La aplicación del IRPF a los salarios más bajos ha generado división dentro del Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó desconocer que la subida del SMI implicaba esta novedad hasta que fue publicada por la prensa, información que la parte socialista del Gobierno ha desmentido. Por su parte, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Díaz de caer en discursos populistas al defender que las rentas más bajas deberían estar exentas del impuesto.
Reflexiones finales
Consideraciones finales
La implementación de retenciones de IRPF a los perceptores del SMI marca un cambio significativo en la política fiscal española. Si bien la medida busca mantener la equidad y la sostenibilidad del sistema tributario, es esencial evaluar su impacto en los trabajadores de menores ingresos y considerar posibles ajustes que mitiguen efectos adversos. El equilibrio entre una política fiscal justa y el bienestar de los ciudadanos continúa siendo un desafío para las autoridades.